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TEST de la Ley 39/2015, TÍTULO III, art. 34 a 52 – Los actos administrativos y la eficacia de los actos

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TEST de la Ley 39/2015

Los actos administrativos y la eficacia de los actos TÍTULO III, art. 34 a 52

72 preguntas, con hoja de respuestas y referencia al artículo correspondiente

TEST de la Ley 39/2015

Los actos administrativos y la eficacia de los actos TÍTULO III, art. 34 a 52

72 preguntas, con hoja de respuestas y referencia al artículo correspondiente

 

 


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Antes de comenzar con los test de la Ley 39/2015, es conveniente leer y asimilar bien la Ley.

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

• Preámbulo
• Título preliminar
• Títulos I, II, III, IV, V, VI. Divididos en capítulos, secciones y subsecciones (lo que da una idea de la amplitud de la ley).
• Cinco disposiciones adicionales.
• Cinco disposiciones transitorias.
• Una disposición derogatoria.
• Siete disposiciones finales.

Título preliminar Disposiciones generales• Artículo 1: Objeto de la ley  ————–> Ámbito del derecho que regula esta ley. Campo de actuación.

Artículo 1: Objeto de la ley

Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas

Acto administrativo:

Todo aquel acto de voluntad de cualquier órgano administrativo en el ejercicio de sus competencia que cumpla estas condiciones:

  1. Qué esté regulado por las leyes o normas administrativas. a.
  2. Que se haya aplicado mediante un procedimiento administrativo previo (por ejemplo,  Otorgar licencias, designar empleados públicos…)

Artículo 1.2

a) Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley (por ejemplo, las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo).

b)  Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

Artículo 2 Ámbito subjetivo de aplicación —> ¿a quien se aplica esta ley?

1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:

a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) El sector público institucional.

2. El sector público institucional se integra por:

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

Organismo público: AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).
Entidad pública: CORREOS
Diferencia: el organismo autónomo somete toda su actuación al Derecho Administrativo, mientras que las entidades empresariales se rigen, en parte por el Derecho Mercantil.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas:

  • La Administración General del Estado,
  • las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
  • las Entidades que integran la Administración Local,
  • así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior (por ejemplo, cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas).

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

Corporación de Derecho Público:

Entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores sociales ante los Poderes Públicos y desempeñan funciones públicas de ordenación de dicho sector. Base privada, funciones públicas (por ejemplo, Colegios Profesionales, Cámaras Oficiales, Cofradías de Pescadores).


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